A propósito del falso debate sobre las salidas de presos
Durante los últimos días se hizo presente en diarios, medios virtuales y televisión, un debate relacionado al tema de las cárceles en nuestro país. Por supuesto, nada tuvo que ver con las situaciones de tortura, hacinamiento, muerte, condiciones de salud e higiene, derechos vulnerados, reproducción y fomento de la criminalidad o cualquiera de la eterna lista de flagelos a los que se ve sometida la población penitenciaria en nuestra región. El falso debate que nos propusieron los medios hegemónicos tuvo que ver con la legalidad y moralidad de las salidas temporales a las que acceden algunos presos de forma extraordinaria, para la que siempre requieren una autorización judicial.
Desde el amarillismo más extremo, Clarín salió a confundirlo todo, permisos temporales, salidas transitorias, el rol de los jueces, los abogados, los familiares. Jugando bajo y apuntando a sacar lo peor del sentido común de todos nosotros, apuntaló la idea de que un preso es una persona que debe ser castigada hasta el punto más extremo, que las cárceles son de puertas giratorias, que los presos tienen más libertades que “la ciudadanía”. Medios que con suerte han dedicado una portada a las cárceles cuando hubo motines con víctimas, pero que jamás han gastado sus tintas en informar sobre la realidad del sistema penal en Argentina, sobre la corrupción del Servicio Penitenciario Federal, o las prácticas a las que se somete a los más de 60 mil presos de nuestro país. Los cuales, en su grandísima mayoría provienen de los sectores populares, por delitos insignificantes. Por el contrario, son poquísimos los grandes estafadores, narcotraficantes, tratantes de personas, políticos corruptos, e incluso genocidas o criminales de lesa humanidad que el sistema priva de su libertad.
Pero el problema no está sólo del lado de los medios opositores, sino también del lado de aquellos que exhiben al SPF como ejemplar, cuando acumula miles de denuncias por torturas y malos tratos al año y acuna un tremendo negocio de corrupción y malversación de fondos públicos. La cárcel, sea federal o provincial, funciona como un negocio. La comida, la salud, la seguridad, la vida y la dignidad de las personas privadas de su libertad son fuente de enormes ingresos para los miserables que las administran. Esta situación no hace más que alimentar y fomentar la violencia que finalmente padece toda la sociedad.
